RETIRADA PROYECTO ORDEN CONSELLERIA IGUALDAD

CONCENTRACIÓN CONVOCADA POR LA COORDINADORA FEMINISTA DE VALÈNCIA PARA EXIGIR AL GOBIERNO VALENCIANO LA RETIRADA INMEDIATA DEL PROYECTO DE ORDEN POR EL QUE SE CONFIGURA LA RED DE ATENCIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

El pasado sábado 25 de Febrero de 2017, y de acuerdo a las concentraciones que se prevén para los próximos últimos sábados de mes para seguir exigiendo la retirada de la orden, la Coordinadora Feminista de València, dió lectura al Manifiesto donde se recogen las motivaciones que originan esta demanda, a la vez que desarrolló una pequeña performance donde se visibiliza un trato discriminatorio a las víctimas de violencia machista que ingresan en los Centros de Protección, al no atenderse -entre otras- su diversidad y necesidades específicas.

MANIFIESTO:

“La Coordinadora Feminista de València exige al Gobierno Valenciano la retirada
inmediata del proyecto de Orden por la cual se configura la Red
Pública de Atención Social Integral a las víctimas de violencia de género
por los siguientes MOTIVOS:

  • Porque se ha elaborado sin la participación de las organizaciones y colectivos feministas, otras asociaciones de mujeres y, en particular, de las de mujeres que han sufrido o sufren violencia machista y tampoco con la de las profesionales que llevan trabajando muchos años en los dispositivos de atención social a las víctimas.
  •  Porque no modifica el dispositivo asistencial implantado por los sucesivos gobiernos del PP basado en el clientelismo político, sino que viene a consolidarlo y a reforzarlo.
  • Porque condena a las mujeres víctimas de violencia y a su descendencia a la misma institucionalización existente, al pasar de ser controladas y depender de su agresor a ser tuteladas por la Administración, la cual impide su intervención en las normas de funcionamiento de los centros y las somete a restricciones de sus derechos fundamentales, como son la intimidad y la libertad de movimientos, etc.
  • Porque excluye del derecho de acceso a los recursos que contempla a las menores de edad no emancipadas que sufren violencia machista y también a las hijas y a los hijos mayores de edad de las víctimas.
  • Porque, lejos de revertir la privatización de los servicios que integran la Red Pública de Atención Social Integral, viene a legitimarla.
  • Porque no plantea el derecho de las mujeres a ser ayudadas y protegidas donde ellas decidan vivir y de la forma en que lo quieran hacer, ni la concesión de los recursos habitacionales sociales para que lo puedan hacer.La Coordinadora Feminista de Valencia ha trasladado al Gobierno Valenciano su posición y ha hecho alegaciones a este, ninguna de las cuales han sido tenidas en cuenta.  Se ampara para ello en que debe acogerse al marco legal existente, argumento que resulta capcioso. Evidentemente, el gobierno y la administración están sometidos a primeros de legalidad, pero este argumento, persé, ni la legitima ni la deslegitima.Sin embargo, en cumplimiento de los compromisos que este Gobierno contrajo con la ciudadanía, su obligación es dictar las disposiciones que sean necesarias para la defensa de las personas (en este caso, las mujeres víctimas) y la satisfacción de sus necesidades concretas. Y si para lo cual tiene que impulsar
    cambios normativos, ya sean legislativos o reglamentarios, considerando que la Generalitat Valenciana es titular de la competencia en cuestión y cuenta con dos potestades, la legislativa y la reglamentaria, no hay ningún impedimento legal para introducir todos los cambios que sean necesarios para que las víctimas sean
    protegidas, garantizando su dignidad tanto como su seguridad y sus necesidades materiales.

    El anteproyecto de Orden restringe derechos y libertades fundamentales como por ejemplo el de igualdad, intimidad, dignidad, no discriminación, etc.

    Invocar a la experiencia de la Consejería y al conocimiento real del funcionamiento de los recursos residenciales de atención a las víctimas, suena más a tic autoritario que a otra cosa. Nos preguntamos si es a la experiencia de los gobiernos anteriores a la cual se refiere o a la del actual. En cualquier caso, tarde y mal actúa este Gobierno, porque en su más de año y medio de ejercicio no ha hecho nada para cambiar o transformar el status quo heredado y, cuando, como por ejemplo, anuncia hacerlo, se descuelga con un anteproyecto que viene a consolidar el modelo clientelar del PP, en que la “red pública de asistencia”, de pública sólo tiene el nombre, apostando claramente por la gestión indirecta en lugar de la directa.

    De ninguna forma podemos aceptar que en la actualidad sea imposible asumir la gestión directa de los centros y menos darnos por satisfechas con que esta sea la línea que se pretende seguir durante esta legislatura. 
    La acción de gobierno está para cumplir el mandato de las electoras y electores, que mayoritariamente optaron por un gobierno de cambio. No hay ningún impedimento legal para hacerlo, sólo se requiere voluntad política. Con independencia que la gestión indirecta se sustente en concesiones, contratos o cualquier otra figura legal, hay fórmulas e instrumentos legales para pasar a la gestión directa que, como se sabe, es más eficaz, eficiente y sostenible que la indirecta en este tipo de servicios (cómo reiteradamente ha manifestado la Sindicatura de Cuentas, entre otras instituciones). Además de los anteriores principios, es evidente que la gestión directa es la fórmula en la que mayor grado de control y fiscalización de los servicios existe, tanto desde el punto de vista operativo como del económico.

    Si se planteara la Red Pública de Atención Social Integral a las Víctimas desde la premisa del derecho de las mujeres a ser ayudadas y protegidas allá donde decidieran vivir y se les proporcionara viviendas y los recursos materiales necesarios para ellas y para sus hijas e hijos, el 9% de las que solicitan ingresar en
    centros residenciales se vería drásticamente disminuido, pero, aún así, seguirían vigentes todas nuestras alegaciones.

    En consecuencia,

    EXIGIMOS la retirada inmediata del Proyecto de Orden por la cual se configura la Red Pública de Atención Social Integral a las víctimas de violencia de género”.

Fotografías Concentración

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