UN AÑO DE CÁRCEL PARA LA TWITERA CASSANDRA.

DE LA TRANSICIÓN A LA INDEFENSIÓN, UN AÑO DE CÁRCEL PARA LA TWITERA CASSANDRA.

A principios de 2016, durante los Carnavales de Madrid, los dos titiriteros de la compañía Títeres desde Abajo, fueron detenidos y llevados a prisión al considerarse un acto de apología del terrorismo sacar un cartel con el lema “Gora Alka-ETA” en el transcurso de la representación de la obra “La bruja y Don Cristóbal”.

Estrenábamos el año 2017 con una retahíla de casos donde se pedían penas de cárcel en los tribunales de justicia para más casos que interpelaban a sus señorías acerca de los límites de la sátira y  la libertad de expresión.

Hasta cuatro años de cárcel para “Los 5 del Buero”, cuatro profesores y un activista del 15M que, frente a los recortes en educación, se manifestaron e interrumpieron pacíficamente el pregón de las fiestas municipales; o el caso del líder del grupo Def con Dos,  Cesar Montaña Lehman -César Strawberry- para quien la fiscalía pedía un año y ocho meses de cárcel por una serie de tuits en los que se hacía mención a los Grapo y a algunas víctimas de ETA, como José Antonio Ortega Lara y Eduardo Madina, y que finalmente se ha saldado con un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo en las redes sociales.

La represión que se ejerce desde la ley mordaza ha tenido su continuidad con la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, las acciones judiciales por los tuits del concejal Guillermo Zapata y ahora con el caso Cassandra por el que se han llegado a  pedir dos años y medio de cárcel al hacer la encausada chistes en twitter sobre Carrero Blanco, hechos en los que la Audiencia Nacional observa delito por enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas.

En la Carta Magna,  Constitución Española donde se recogen los derechos de ciudadanía,  queda reflejado en su artículo 20 que la suspensión del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, solamente, tendrá lugar en el caso de que se declare el «estado de excepción o de sitio». De igual manera en el artículo 21, reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa de la autoridad, que sólo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

La cuestión es siempre dónde se sitúa la línea roja. Parece que en estos momentos los fiscales actúan al dictado de un establishment político con escasa consciencia social, con una clara restricción de derechos que suponen una criminalización de las protestas, con poca tolerancia a la democracia participativa y con una severa falta de pluralidad.

Han pasado casi 40 años desde que celebramos las primeras elecciones democráticas y comenzase el período de la transición.  Pudiera entenderse, que no justificarse,  que al principio de aquella andadura, no tan modélica como se ha pretendido, el “Me gusta ser una zorra” de las Vulpess o los temas de Eskorbuto sacudieran los cimientos de un pseudofranquismo que se debatía entre el ostracismo fascista, la represión, la agitación política, la apertura cultural y las nuevas formas de expresión.

La desesperación a día de hoy es no haber entendido todavía que la libertad de expresión va íntimamente ligada a la libertad de disentir, que esto no termina en una sentencia judicial, ni tan siquiera en un debate ciudadano a ver si estamos a favor o en contra, no; el mensaje es mucho más profundo que la desmesurada estigmatización de Cassandra, y pasa por reconocer cómo nos situamos frente a nuestro derecho a no ser vejadas, abusadas, distraídas por maniobras que dificultan el ejercicios de nuestros derechos fundamentales a través de leyes regresivas y sanciones desmedidas.

Invito a revisar uno de los matices más llamativos en los artículos 578 y 579 del Código Penal y que habla de intencionalidad como aspecto subjetivo del delito. Y dándole una última vuelta de tuerca al asunto devolver al común la cuestión de en qué términos socio políticos vamos a movernos ante este amplio margen de discrecionalidad a la hora de interpretar la ley según dónde y para quién.  La intencionalidad no es privativa de quien supuestamente comete un delito, en muchos de los casos aquí expuestos más bien se apunta a que es el gobierno el que se ha concedido a sí mismo, a través de la ampliación de los poderes de las fuerzas de seguridad  ese marco para restringir y sancionar el disentimiento a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, que provista de doble intención faculta para convertir la falta en delito, a la vez que sanciona y amedrenta .

Galería fotográfica Concentración #TodasSomosCassandra

Plaza Ayuntamiento Valencia 01 04 2017

Crónica y fotografías C.Martínez

 

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